Violencia contra los profesores

Hemos recibido una circular de la Secretaría General de la Junta de Extremadura, que conforme al ruego que nos hacen, procedo a difundir.
Creo que no necesita comentarios. Cualquier padre interesado en la educación de sus hijos estará de acuerdo.
En cualquier caso, para los profesores es una buena noticia.

Nota informativa de la Consejería de Educación.

 

Estimado Director/a:

La Consejería de Educación con el objetivo de reforzar la protección del ejercicio de la función pública docente y en el marco del “Compromiso Social por la Convivencia” suscrito con diferentes organizaciones, instituciones y entidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ha solicitado de la Fiscalía la adopción de una serie de medidas.

Con tal finalidad, el pasado 15 de noviembre de 2006, tuvo lugar una reunión entre el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Arurelio Blanco Peñalver, la Consejera de Presidencia, Casilda Gutierrez Pérez y la Consejera de Educación, Eva Mª Pérez López, para analizar los medios idóneos mediante los que los Fiscales en Extremadura pueden contribuir a crear un clima de seguridad y protección entre los docentes extremeños.

En primer lugar el Fiscal Jefe se comprometió a garantizar que los fiscales calificarán las agresiones a los profesores y profesoras de centros públicos que se puedan producir en la Comunidad Autónoma de Extremadura como delitos de atentado a funcionarios públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. Se pretende que los agentes públicos, que actúan al servicio de los ciudadanos, puedan desempeñar sus funciones con la debida protección y garantías sin interferencias ni obstáculos de terceros. Estos atentados pueden ser castigados con penas de prisión de uno atres años.

En otro orden de cosas la fiscalía solicitará a la Autoridad Judicial, en todos los supuestos que legalmente proceda, la medida cautelar de prohibición del inculpado de acudir al centro educativo o de aproximarse o comunicarse al docente o la docente perjudicados por los hechos constituttivos de infracción penal. Se trata de asegurar no sólo la integridad del ofendido sino también de preservar el noemal desarrollo de la actividad docente de los centros.

Por otra parte, siendo potestad del Fiscal la de no asistir en determinados supuestos a juicios por infarcciones penales leves, los fiscales en Extremadura intervendrán, en todos los casos, y solicitarán del órgano jurisdiccional la pena que proceda cuando los agredidos sean docentes. La intensificación de las actuaciones del Ministerio Fiscal puede redundar en una disminución de los episodios de conflictividad escolar.

En definitiva, la administración educativa ha emprendido estas iniciativas con el objeto de dar adecuado cumplimiento al deber institucional de dispensar a su personal una protección adecuada, e irán acompañadas de otras de diversa naturaleza al efecto de no telerar ningún tipo de manifestación de violencia en el ámbito educativo.

Le resalto, además, que la Consejería seguirá, como hasta ahora, prestando asistencia jurídica en juicio a los docentes a través de los letrados del gabinete Jurídico de la Junta de Extremadura.

Le ruego que haga difusión de esta nota informativa entre toda la Comunidad Educativa del Centro que dirige.

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo.

Mérida, a 27 de Noviembre de 2006.

 

La Secretaría General.

Firmado: Elisa I. Cortés Pérez